Polémica en el recinto legislativo por luminarias obsoletas

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En el seno del Concejo Deliberante se vivieron momentos de conflicto a raíz de un convenio que busca intercambiar las luminarias en desuso por mobiliario urbano sustentable. Entre las principales críticas se encuentran: la manera en la que son acopiadas, y los beneficios del acuerdo. 

La tensión en el recinto legislativo entre los bloques descolló finalmente en relación a las luminarias que fueron reemplazadas por luces LED en el marco del programa “Alta Gracia Ilumina”.  A través de un convenio con la empresa Orfeda S.A, la municipalidad intercambiará el valor por peso de las luminarias desechadas a cambio de mobiliario urbano reciclado. 

El concejal Ricardo González de Alta Gracia Crece (AGC) fue el encargado de llamar la atención ante dicho convenio que buscaba avanzar a través de un despacho. Entre las principales críticas se encuentran, en primer lugar, el estado en el cual se encuentran las luminarias: exhibiendo fotografías que figuran en la misma carpeta del despacho, el edil llamó la atención a la forma en la cuál fueron acopiadas. 

Las fotografías muestran que las luminarias reemplazadas son apiladas tipo montaña en el patio de las oficinas de Maestranza. El ojo de Portal Tortuga en el lugar hace un mes corroboró que las luminarias no solo son apiladas, sino que son lanzadas por los empleados como cacharros viejos hacía esta montaña sin ningún tipo de cuidado. 

El segundo punto radica en el acuerdo mismo. Según González, cada una de estas luminarias “puede conseguirse usada en Mercado Libre por cinco mil pesos cada una”, en contraposición a un convenio que establece el valor en relación al peso por kilogramo en $170 pesos. El valor total de las luminarias obsoletas es adquirido en mobiliario urbano sustentable: cerca de 60 tachos de basura desarrollados por la empresa Orfeda

La pregunta que se hace el concejal de AGC remite a si existió realmente un estudio de la situación, y si el convenio alcanzado es lo mejor que se podía lograr, teniendo en cuenta que se trata del erario público que pagan los vecinos. En el recinto legislativo estuvo presente también un vecino de la ciudad, Gustavo Bergesio, que hace un tiempo solicitó un informe a la municipalidad con la intención de conocer el paradero de las luminarias, costos y beneficios de los distintos tipos de luminaria, y su destino final. 

Bergesio le pidió expresamente al Concejo que frenaran el convenio y analicen otras posibilidades para el destino de las luminarias, entre ellas una de sus propuestas. Ante la negativa de la presidenta Cristina Roca, el vecino esgrimió que se presentaría ante el Tribunal de Cuentas. 

Por otro lado, el concejal de Hacemos Por Córdoba, Iván Poletta, fue el encargado de responder a las diversas críticas argumentando que el convenio fue producto de “una decisión administrativa”, ya que el material de las luminarias genera problemas en el “normal funcionamiento de los espacios municipales” y además es “nocivo para el medio ambiente”. 

El edil oficialista además expresó que previo al convenio se mantuvieron reuniones en comisión de la cuál participaron: los concejales Marcelo Jean y Ricardo González, el ex secretario de Servicios Públicos Pablo Ortiz y el actual secretario Maximiliano Caminada, e incluso el vecino Gustavo Bergesio. Sin embargo Bergesio desmintió este último punto. 

La pelota no pudo evitar caer en la cancha del Pablo Ortiz, quien estaba a cargo de la cartera de Servicios Públicos al momento de establecer el convenio con Orfeda. El edil de Progreso se mostró ofuscado ante los reclamos y defendió el programa Alta Gracia Ilumina y en especial a los trabajadores del área. Además criticó la postura de ciertos concejales que “nunca se acercaron a las oficinas de Maestranza y no saben cómo funciona Servicios Públicos” y hablan desde el ”desconocimiento”. 

Ante la extensión del discurso de Ortiz con cierto tono de campaña, la concejala Amalia Vagni salió al cruce e ironizó: “habla cómo Concejal o cómo Secretario de Servicios Públicos”.  

Finalmente la firma del convenio fue aprobada por mayoría por los concejales de Hacemos Por Córdoba y el bloque Progreso. 

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