El legislador socialista del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Matías Chamorro, impulsa un repudio de la Legislatura de la Provincia al proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada» que impulsa el Gobierno Nacional. Entrevistado por la Radio Tortuga 92.9, advirtió Chamorro que este proyecto implica un «grave retroceso», ya que pone en riesgo derechos conquistados al pretender eliminar herramientas de regularización dominial, habilitar desalojos a inquilinos de manera exprés y excluir a cooperativas y organizaciones de la economía popular de los procesos de urbanización.
«La ley que impulsa el gobierno de Javier Milei lleva el título pomposo de defensa de la propiedad privada, que ya está fuertemente protegida en la Argentina desde la Constitución y hasta con numerosas normativas. Lo que esta ley no dice atrás de ese título rimbombante, es que ataca a los sectores más vulnerables del país, como los barrios populares, la mayoría de los cuales tiene más de 30 años de consolidación urbana«, introdujo Chamorro, que con su proyecto pretende solicitar a diputados y senadores nacionales cordobeses que no acompañen dicha iniciativa.
Repasó el legislador que la iniciativa del gobierno «libertario» pretende ir en contra de la ley de Integración Sociourbana que «vino a establecer algunas herramientas para el saneamiento de títulos y brindarle infraestructura» a los barrios populares y mencionó lo ocurrido en la provincia de Córdoba: «En el último tiempo se integraron a la mancha urbana más de 100 barrios populares».
Detalló Chamorro que a través de esa «política pública positiva» se le brindó dignidad a la población de esos barrios, brindándoles servicios de cordón cuneta, asfalto, conectividad, luz. En rigor, subrayó que a través de la Ley que el Gobierno pretende derogar, las familias cuentan con certificados que les permiten solicitar sus servicios básicos como el resto de las familias.
Alertó el socialista que la nueva ley que impulsa el Gobierno Nacional, además, autorizaría desalojos exprés en 72 horas para los inquilinos.
«Córdoba tiene un alto índice de inquilinización, más del 30% de los cordobeses y cordobesas alquilan y hoy cada vez cuesta más pagar el alquiler con la pérdida del poder adquisitivo del salario. Llegar a fin de mes y pagar el alquiler es una preocupación constante. En este contexto de debilidad económica, el Gobierno pretende que aquel que deba dos meses de alquiler puede ser desalojado en 72 horas. Es una medida muy violenta y produce un retroceso importantísimo en la convivencia y la paz social«, subrayó Chamorro.
Finalmente, mencionó con preocupación otro de los puntos incluidos en la iniciativa oficialista, que apunta a derogar la prohibición de avanzar en el cambio de uso de tierras arrasadas por incendios forestales, con el fin de habilitarlas para emprendimientos productivos. Repasó Chamorro que, precisamente, hay una ley actual que prohíbe dichos cambios de suelo con el fin de desalentar los incendios intencionales que buscan ampliar las fronteras inmobiliarias o productivas en sectores protegidos por su valor ambiental.
«Senadores y diputados nacionales deben analizar el impacto gravísimo que podría tener en nuestra provincia esta ley«, concluyó Chamorro, que días atrás participó de una convocatoria de la Mesa de Barrios Populares de Córdoba y la Vicaría de los Pobres y la Arquidiócesis, para advertir sobre el riesgo social que implica el avance del proyecto del Gobierno Nacional.
Al cierre, el legislador socialista dejó entrever que este proyecto es una pantalla para intentar correr el eje de la discusión pública que en los últimos meses observa con preocupación las denuncias por presuntos hechos de corrupción que tienen como principal protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que impactan en la imagen pública de la gestión de Javier Milei.
