Los Aromos: dispusieron la prisión preventiva del ex tesorero de la Comuna, imputado por Estafa Agravada

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La Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple de Primer Turno de la ciudad de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello, dispuso la prisión preventiva de un hombre de 32 años por la comisión de los delitos de Violación de Secretos relacionados con la Administración Pública y Estafa Agravada por la manipulación de un sistema informático en perjuicio de la Administración Pública en perjuicio de la Comuna de Villa Los Aromos.

Según se informó oficialmente, «la medida se adoptó tras valorar negativamente el riesgo procesal y la gravedad de los delitos».

Se tomaron en cuenta «la utilización de identificaciones falsas, la alteración de la escena del hecho, la posible influencia sobre testigos, actividad laboral inestable, domicilio cambiante» como determinantes para la disposición de la prisión preventiva.

«En virtud de la medida coercitiva, uno de los imputados permanece alojado en el Establecimiento Penitenciario de la Provincia de Córdoba», indica el parte oficial.

Se trata de Leandro Ezequiel Fernández, quien fuera tesorero de la Comuna, durante la gestión de la ex mandataria Nelly Morales.

Una gacetilla que fue difundida semanas atrás por la Fiscalía, precisó que «la investigación se inició tras la formal denuncia penal del actual jefe comunal de la localidad», Daniel Pastorino, el 23 de febrero, concretada tras advertir el faltante de una importante cantidad de dinero de las cuentas bancarias.

«Abierta la investigación y tras recolectarse profusa y relevante prueba, se pudo establecer que unos de los autores del ardid sería el mencionado Fernández, quien se desempeñó como tesorero de dicha comuna en gestión anterior y tenía acabado conocimiento del sistema administrativo e informativo», expresaba oportunamente el reporte de la Fiscalía.

A continuación, detallaba que Fernández, «mediante sofisticadas maniobras» habría accedido al registro informático de la Comuna, apoderándose de una suma aproximada de cuatro millones de pesos, «devengados del pago de tributos de los contribuyentes a través de una plataforma digital».

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