En un comunicado firmado de modo conjunto, María Cecilia Conci, vicerrectora de la Universidad de Villa María (UNVM), Marcelo Ruiz, rector de la Universidad de Río Cuarto (UNRC) y Carolina Scotto, rectora de la Universidad de Córdoba (UNC), manifestaron su preocupación ante las medidas del gobierno provincial de interrumpir el servicio de la Televisión Digital Abierta (TDA) en Villa María, Río Cuarto y Leones.
Puntualmente, en el primer párrafo, las autoridades académicas precisan que ven con preocupación «la decisión unilateral de la rescisión del convenio de utilización conjunta del inmueble e infraestructura entre la EPEC y ARSAT para la instalación y habilitación de una planta transmisora de Televisión Digital Terrestre en la ciudad de Río Cuarto, como así también en las Resoluciones del Secretario de Ambiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba, por medio de las cuales se ordena el cese de las operaciones en las plantas transmisoras de Televisión Digital en las localidades de Villa María y Leones».
Más adelante, el documento afirma que estas casas de altos estudios, junto a otras del país, más «organizaciones de trabajadores, organizaciones sociales, radios y medios comunitarios, organismos de derechos humanos», trabajaron en la elaboración de los 21 puntos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que apuesta por una comunicación democrática frente a la concentración monopólica y que «la implementación de la televisión digital en la Argentina constituye una de las herramientas tecnológicas fundamentales para brindar condiciones para el cumplimiento de la ley, fundamentalmente el cambio de concepción que permite considerar el pasaje de la población en tanto destinataria de un servicio comercial a ser titular de un derecho al cual puede acceder de manera gratuita».
Finalmente, el documento recuerda que las universidades nacionales de la provincia han manifestado en otras oportunidades su preocupación por el cuidado del medio ambiente (se cita el uso racional de agroquímicos y los alcances de la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos), pero se preguntan si la razonabilidad e igualdad requeridas para estos temas, «han precedido a las disposiciones tomadas por el gobierno provincial» en estas tres localidades.
Finalmente, las autoridades universitarias apelan a la buena voluntad de De La Sota para «la pronta y efectiva revisión de la medida y para encontrar caminos de diálogo que armonicen la posibilidad concreta de compatibilizar la plena vigencia de los derechos que se ven afectados».
