En relación al proyecto de Ley presentado por el oficialismo en Diputados, que pretende eludir el pedido de prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsado por organizaciones del sector y diversos bloques opositores, y ofrecerse como una alternativa superadora y permanente; desde la Cámara de Prestadores en Discapacidad (Capredis) subrayaron que «los derechos solo son permanentes cuando están claramente establecidos, financiados, reglamentados y efectivamente cumplidos». El Colectivo 3 de Diciembre, en tanto, demandó la prórroga y el cumplimiento de la Ley de Emergencia como paso previo para la apertura de un diálogo que permita pensar un sistema superador al actual.
En un comunicado que hizo público este mismo miércoles, horas después de que el oficialismo materializara su cambio de postura respecto al tema discapacidad y obtuviera dictamen de mayoría para su propuesta en un plenario de comisiones de Diputados, Capredis dio cuenta del fenómeno como «una conquista de la lucha colectiva», pero subrayó con incredulidad que este paso «no representa el final del conflicto».
«Ahora debemos seguir el tratamiento en el recinto, exigir la corrección de los puntos débiles, controlar qué partidas se incorporan al Presupuesto 2027 y reclamar que cualquier legislación permanente sea debatida con participación real de las personas con discapacidad y de las organizaciones que conocen y sostienen cotidianamente el sistema», completó.
Cabe recordar que apenas una semana atrás el mismo Gobierno había enviado al Congreso un proyecto de Presupuesto para 2027 que eliminaba las conquistas alcanzadas por la Ley de Emergencia que sistemáticamente se viene negando a cumplir. En la víspera, mientras tanto, el proyecto «superador» incorpora muchos de los puntos demandados por las organizaciones del sector, aunque sin haber pasado por un proceso previo de consulta con los espacios críticos.
Al respecto, Capredis analizó que no hay claridad en muchos de los puntos incluidos en el proyecto: «El nuevo proyecto no reproduce íntegramente la Ley 27.793 (de Emergencia en Discapacidad). Hay aspectos importantes que quedan sujetos a reglamentación, especialmente los requisitos para acceder y mantener las pensiones. La cobertura sanitaria aparece redactada de manera menos clara que en la ley vigente. El financiamiento no tiene todavía una asignación concreta y dependerá, en buena medida, de cómo se modifique y apruebe finalmente el Presupuesto 2027. Tampoco se establecen fechas precisas para cancelar las compensaciones adeudadas: se obliga al Gobierno a publicar un cronograma si continúan pendientes, pero ese cronograma todavía no existe».
Asimismo, expresó su preocupación por el hecho de que «una transformación tan profunda del sistema se haya elaborado en pocos días, mediante negociaciones entre bloques políticos y sin un proceso previo, amplio y verificable de consulta con las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones y los prestadores».
En la misma línea, el Colectivo 3 de Diciembre, que nuclea a transportistas de personas con discapacidad, que horas antes del plenario de Diputados había participado junto a otras organizaciones en una conferencia de prensa desarrollada en la ciudad de Córdoba, se mostró crítico con la manera en que el Gobierno concibió esta presunta alternativa a la crisis que viene denunciando el sector: «No aceptamos una supuesta ley ‘superadora’ pensada a puertas adentro, sin la participación ni el conocimiento real de las necesidades de nuestro colectivo».
Cabe mencionar que desde el amplio colectivo de personas con discapacidad y sus familias, prestadores, transportistas e instituciones vienen denunciando el incumplimiento sistemático de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Gobierno Nacional, pese a que ésta fue aprobada y ratificada por el Congreso, y que incluso la Justicia Federal ha exhortado a que se le dé pleno cumplimiento. En su lugar, la gestión de Javier Milei otorga arbitrarios aumentos de algunas partidas específicas y el pago de aranceles, pero desconociendo la pérdida que acumula el sector desde diciembre de 2023, con atrasos de hasta seis meses en los pagos y sin habilitar la gestión de nuevas pensiones no contributivas.
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