Con 38 votos a favor y ocho en contra, el Senado convirtió en Ley el nuevo régimen de Zonas Frías que arribaba con media sanción de Diputados y readecua los subsidios a los consumos residenciales de gas natural, concentrando los beneficios sólo para usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna; y excluyendo al resto de las zonas que habían sido contempladas en una ampliación de la norma y que incluían a 13 departamentos de la provincia de Córdoba, incluido Santa María. De los tres senadores cordobeses, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, de La Libertad Avanza, votaron a favor de la restricción del beneficio, mientras que Alejandra Vigo, que se había pronunciado en contra, estuvo ausente en la sesión.
La norma contempla también la regularización de deudas eléctricas y la derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013.
La iniciativa modifica el régimen de Zonas Frías y establece que el Fondo pasará a financiar una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes. También incorpora una bonificación adicional para determinados usuarios residenciales incluidos en el Régimen de Subsidios Focalizados, de acuerdo con su ubicación y situación socioeconómica.
El proyecto mantiene los beneficios para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna, aunque elimina de la ley el porcentaje fijo del 50% sobre los cuadros tarifarios plenos y faculta al Poder Ejecutivo a determinar el alcance y las modalidades del beneficio.
En tanto, en materia eléctrica se establece un mecanismo para determinar y compensar las diferencias de ingresos que distribuidoras y transportistas dejaron de percibir como consecuencia de leyes de emergencia tarifaria. En el caso de las distribuidoras, la compensación se aplica a deudas con CAMMESA, mientras que para las transportistas se contempla la compensación de penalidades contractuales, condicionada al desistimiento de reclamos judiciales o administrativos vinculados.
Además, la iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de tributos específicos, cánones o regalías sobre el acceso y la utilización de fuentes renovables de energía. En relación con el gas natural, modifica el régimen de traslado a tarifas del costo de adquisición del gas y establece su traslado automático cuando el costo surgiera de procesos competitivos conforme a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Al comenzar, como miembro informante, la senadora Flavia Royón (Primeros Los Salteños) expuso que el proyecto tiene un conjunto de medidas tendientes a dotar de mayor transparencia y ordenar el marco energético. Seguidamente enumeró los cinco puntos centrales de la iniciativa: «Primero, modifica el régimen de zonas frías; se refiere a las deudas del mercado eléctrico mayorista; después aborda criterios de las tarifas de electricidad de gas; actualiza el marco normativo para energías renovables; y por último deroga regímenes hidrocarburíferos que hoy ya fueron reemplazados por instrumentos más modernos».
Royón hizo hincapié sobre el punto más sensible y remarcó que el proyecto reconoce que «vivir en una zona fría genera una necesidad energética mayor, por eso se sigue contemplando cuestiones bioclimáticas para alcanzar condiciones adecuadas de calefacción para los usuarios«. A continuación, aclaró que se distingue entre la Zona Fría original, compuestas por las regiones de Patagonia, Malargüe y La Puna y la zona fría ampliada: «El proyecto ratifica la zona fría original y para el caso de zona ampliada pasa de un criterio de región geográfica a un criterio donde se incorpora el nivel socioeconómico de la familia y un consumo razonable, es decir subsidios focalizados«.
Después de explicar que los subsidios se nutren de un fondo que lo «terminan financiando todos», Royón dijo que el nuevo proyecto «es mucho más justo y equitativo. Es regresivo que una persona humilde del norte o del centro del país esté financiando indirectamente a aquel que, por estar en una zona geográfica puede pagar su factura y no lo hace».
Sin embargo, en el momento de su intervención, José Carambia (Movere Santa Cruz) se mostró en contra del proyecto: «Nosotros no podemos tolerar ni una suba del 1% de tarifas de gas, las cuales promedian como mínimo los 300 mil pesos. Debemos tener una excepción, al igual que Tierra del Fuego«. También, apuntó que hay «otro error en la norma, porque no es lo mismo una canasta básica o el costo de vida de la Patagonia que roza un 20% más que la zona centro del país, entonces creo que debería aumentarse el mínimo no imponible».
Pese a que el cambio perjudica unas 700 mil familias (unas dos millones de personas) cordobesas, de 13 departamentos de la provincia, al quitarles el beneficio, votaron en favor de la restricción los senadores cordobeses de La Libertad Avanza, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.
En tanto, Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, que se había pronunciado en contra de la norma, estuvo ausente de la sesión. Vigo había afirmado que «el proyecto carece de transparencia y habilita un esquema discrecional para el recorte de subsidios», sumando una clara inequidad, ya que «mientras se condonan las deudas que las prestatarias de energía del AMBA mantienen con Cammesa, se castiga el esfuerzo de nuestra empresa provincial de energía, EPEC, que cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones».
