El vocal por la oposición en el Tribunal de Cuentas de Anisacate, Daniel Giovanoni, presentó un pedido de información a la Municipalidad sobre la situación laboral de la bióloga Andrea Bischoff, profesional vinculada al área de Ambiente local, quien residiría en Europa desde fines de 2025 y facturaría mes tras mes por sus servicios al Estado Municipal. Indicó Giovanoni que no hay ningún contrato que respalde esta relación laboral y cuestionó que en un área que requiere «territorialidad», como es la de Ambiente, se contrate a una persona que reside en el extranjero. Asimismo, enmarcó esta situación en una serie de irregularidades que viene denunciando de la gestión municipal actual, que incluye funcionarios con causas penales, pagos informales, evasión y contratación de familiares.
Reveló Giovanoni que la última factura que se tiene de Bischof, correspondiente a mayo de este año, es por $1.800.000.
El principal cuestionamiento del Tribunal de Cuentas apunta a la falta de documentación que permita respaldar formalmente la prestación de servicios desde Europa. El vocal reclamó conocer qué instrumento administrativo establece las condiciones de la prestación, qué tareas se realizan desde el exterior y bajo qué modalidad se desarrolla el trabajo.
«Esta profesional reside en Europa y mes a mes se le paga por facturas por servicios y honorarios. Esta situación requiere un contrato que no hemos visto hasta el momento. Es una situación totalmente atípica, sobre todo considerando que el municipio está en emergencia económica, ya que se contrata otros profesionales para reemplazarla«, resumió Giovanoni la situación, entrevistado por la Radio Tortuga 92.9.
Asimismo, planteó que «si bien esto tomó publicidad últimamente, las anormalidades en el Tribunal son muchísimas» y que «se presentaron innumerables notas en 30 meses de gestión, que no han tenido respuestas».
Recordó Giovanoni que «ha habido denuncia penal que se presentó en diciembre de 2024 por las irregularidades«; y repasó, entre otras situaciones anómalas, que no se realizan los correspondientes visados previos a la materialización de las órdenes de pago y que no se le permite intervenir en las actas del Tribunal.
«Hay funcionarios que son proveedores y hay familiares de funcionarios que facturan. Hay pagos informales por 83 millones de pesos que alegremente visan en el tribunal. Los pagos informales dejan a los trabajadores sin protección y de esa manera el municipio evade impuestos. Son todas cuestiones que no han trascendido pero sí están denunciadas. El oficialismo se limita al silencio y mata al mensajero para desalentar las denuncias«, completó.
Finalmente, subrayó Giovanoni que «cuando era concejal, la intendenta (Natalia Contini) presentó un proyecto de transparencia de la información«, por lo que considera contradictorio que no haya respuestas a sus requerimientos.
