El martes 9 de mayo, unas 20 familias del barrio Villa Río de Anisacate, acompañadas por sus abogados, mantuvieron una reunión en los Tribunales de Alta Gracia, en el marco de una mesa de negociación que se desarrolla hace tiempo, a propósito de la titularidad y la posesión de los terrenos que habitan.
Tali Di Piazza, una de las vecinas poseedoras que participó de esta reunión, dialogó con Radio Tortuga 92.9 y brindó detalles sobre esta reunión, que tuvo también su correlato en las puertas de Tribunales con una actividad de visibilización.
Precisó la entrevistada que estuvieron presentes en la reunión la jueza Graciela Vigilanti y representantes de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ya que las familias reclaman su derecho al hábitat en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que, por ley, evita que sean desalojados.
Los terrenos en cuestión están ubicados en un conflictivo sector del extremo norte del barrio, al oeste de Anisacate. Se trata de una zona que en los últimos años ha cobrado estado público precisamente porque mientras, topadoras mediante, la firma Impetra ha reclamado su titularidad; investigaciones periodísticas y judiciales dan cuenta de adquisiciones presuntamente fraudulentas de los terrenos por parte de privados.
En el medio, según apuntó Di Piazza, en esos terrenos que estaban deshabitados y sin propietario aparente, se instalaron familias a vivir e incluso otras adquirieron lotes en ventas fraudulentas «con familias adentro».
«Estamos en ese movimiento, visibilizando lo que está pasando con nuestros hogares y también por la gente que compra terrenos que no sabe que no son legales. Estamos cuidando nuestros espacios y nuestras familias», explicó la entrevistada, que subrayó que hay por lo menos 20 familias en la misma situación.
Di Piazza destacó la predisposición de la jueza en esta mesa de negociación: «La jueza sabe que esta situación no viene desde ahora, la conoce bien».
En contraposición, manifestó que quien faltó a la reunión de la mesa de negociación fue la Municipalidad de Anisacate.
En ese contexto, anticipó que las familias tienen pensado hacer visible el reclamo de sus derechos como poseedores en el municipio y que las autoridades expliquen por qué se rehúsan a participar de la mesa de negociación y a interiorizarse en la ley del Renabap.
«Queremos que esto se resuelva sin desalojo de las familias. Estamos ejerciendo nuestros derechos de posesión. Estos terrenos estaban libres cuando llegamos. Los títulos que habían eran fraudulentos», indicó Di Piazza.
«Estamos muy tranquilas y tranquilos porque estamos amparados por la ley, que venimos conociendo y trabajando con otros barrios populares en red. Hay un apoyo a nivel nacional. Estamos entendiendo lo que es la posesión y quién es esta empresa. La fuerza de esta comunidad que somos es una herramienta que juega a favor. Sabemos que los tiempos de lo legal son otros, pero nos fortalecemos en red«, concluyó.
