En la previa de la segunda jornada de plenario de comisiones en Diputados para avanzar en la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Carolina Armeloni, titular de la Cámara de Prestadores en Discapacidad (Capredis), habló con la Radio Tortuga 92.9 sobre la dramática situación que atraviesa al sector y defendió la universalidad del nomenclador y el fondo solidario que contempla por Ley (24.901) el Sistema de Prestaciones Básicas en la Argentina. Asimismo, remarcó que para discutir una ley superadora, primero hay que mantener en vigencia la emergencia.
Armeloni fue una de las expositoras cordobesas que participó del primer plenario de comisiones, realizado el miércoles 16 de septiembre, en el que el debate se caldeó al haberse conocido, horas antes, que el Gobierno pretendía derogar de hecho la Ley de Emergencia a través del proyecto de Presupuesto 2027.
«Fue una jornada muy particular porque mientras preparábamos nuestros discursos sobre la prórroga de la Ley de Emergencia, esa misma mañana se conoció el proyecto de Presupuesto 2027, que en el artículo 39 derogaba todo prácticamente. Volvían a plantear desarmar el nomenclador, que implica que haya un valor universal para las prestaciones, independientemente del tipo de cobertura; y también se proponía la incompatibilidad laboral para una persona con discapacidad que tenga una pensión. Eso generó un alerta extremo», recordó.
En ese marco, un buen número de expositores modificó lo que iba a decir: «Era ridículo votar prórroga de la Ley de Emergencia si en el Presupuesto estaba ese artículo que la dejaba sin vigencia. Los prestadores de todas las provincias planteamos lo mismo, expusimos la situación gravísima que venimos viviendo hace dos años y cómo las instituciones estamos en una situación financiera muy grave. El Gobierno no está cumpliendo con el pago de las compensaciones. Venimos diciendo que la Ley de Emergencia no está en vigencia, pero sí es un marco que protege la situación de la discapacidad».
Este miércoles 23 de septiembre, desde las 12, se vuelve a reunir el plenario de comisiones y se espera que pueda votarse un dictamen para ser debatido y votado en la Cámara Baja una semana después. Paralelamente, en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba y en otros puntos del país se vuelve a congregar el sector. Y en la capital cordobesa, además, las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias, prestadores, transportistas e instituciones presentarán públicamente un petitorio para exhortar a las diputadas y diputados a prorrogar la emergencia.
«Este miércoles esperamos que Diputados apruebe el tratamiento de la prórroga de la Ley de Emergencia y que con la Ley de Emergencia vigente, nos sentemos a discutir los problemas de fondo que tiene el sistema para no vivir en emergencia, justamente», indicó Armeloni, confrontando el subterfugio impulsado por el Gobierno, que pretende echar por tierra la emergencia, so pretexto de avanzar con la discusión de una presunta «ley superadora».
«De repente están urgidos de presentar un proyecto de ley para no vivir en emergencia que empezaron a escribir este fin de semana», replicó Armeloni en ese sentido, con un dejo de ironía. Y avanzó: «Si realmente tenían la voluntad de que no vivamos en emergencia, tuvieron muchos meses para haber charlado y preparado un proyecto de ley. No creemos que una ley que se escriba en un fin de semana vaya a resolver los problemas de la discapacidad, que son complejos y diferentes según las regiones. Pedimos que se prorrogue la emergencia y trabajar en 2027 en un proyecto de ley con todos los sectores, pero que no nos dejen sin protección mientras tanto».
RADIO TORTUGA (RT): ¿Qué perjuicios viene generando el incumplimiento de la ley de emergencia?
CAROLINA ARMELONI (CA): El haber congelado los aumentos antes de la ley llevó la situación de las instituciones a un límite que seguimos arrastrando. Estamos endeudadas, con préstamos, usando los descubiertos del banco. Con distintos mecanismos para sobrevivir y en este contexto, por ejemplo, el programa Incluir Salud frenó la cadena de pagos durante seis meses. La reanudó recién en marzo. Un hogar y un centro de día brindan sus prestaciones todos los días. Hubo prestaciones que cobraron seis meses después y ni siquiera les pagaron todo junto. La situación financiera que tenemos las instituciones es muy grave. Lo que pasa es que somos un sector que no puede hacer paro. Un hogar no puede cerrar sus puertas. ¿Qué hacemos, sacamos las personas a la calle, a la puerta del hogar? Seguimos funcionando. Hay instituciones que sobreviven con donaciones, así está el sector de la discapacidad. Todas las instituciones del país no están en contra del gobierno de Javier Milei, pero la no política de Estado está destruyendo el sistema. Y después, lo que vemos es que todo lo que redactan tiene la intención clara de desregular el nomenclador. No hay una interpretación A o B. Hoy un terapeuta, un hogar o un centro de día cobra el mismo valor independientemente de quién le pague. Una persona de bajos recursos que tiene Incluir Salud accede a los mismos servicios que una persona que tiene una prepaga carísima. Y eso tiene que ver con que el valor es universal. Eso hace que las personas puedan acceder a los servicios cerca de sus domicilios y con la misma calidad. La discapacidad requiere terapeutas especializados. Si un kinesiólogo empieza a prestarle más atención a una prepaga que le paga más y deja de atender a los de Incluir Salud, ¿qué sucedería?
En términos económicos, además, planteó Armeloni que «al Estado le sale más caro no atender a las personas» y que «el valor universal es más eficiente»; y alertó que «si rompemos el valor universal, se va a romper la red de servicios de cuidado» que viene funcionando hace años en la Argentina.
Hacia adelante, de cara a la posibilidad de que, con la prórroga de la Ley de Emergencia aprobada, se pueda avanzar en la redacción de una ley que contemple los problemas de fondo, consultada sobre las características que tendría que tener esta norma superadora, apuntó: «Hay que hacer un estudio de costo y un relevamiento territorial para tener datos precisos sobre los tipos de terapias que se requieren y cuántas personas tienen pensiones y qué tipo de pensiones. Pero en el tema del nomenclador, la ley actual es correcta y es modelo en Latinoamérica y pionera en la región por el fondo solidario. Esas cosas están muy bien».
