Mientras afuera del Congreso, un desproporcionado operativo de 3000 efectivos de fuerzas de seguridad interrumpían el tránsito para controlar una movilización en solidaridad con los jubilados; con 129 votos a favor y 108 en contra, la Cámara de Diputados le dio validez al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que faculta al presidente Javier Milei a avanzar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo monto de desembolso y condicionamientos de la entidad se desconocen. Horas después, la oposición no logró reunir las bancas necesarias para discutir la extensión de la moratoria previsional, que vence el 23 de marzo y le negará el derecho a jubilarse a miles de personas, que no cuentan con la cantidad de aportes necesarios.
La Libertad Avanza contó con 39 votos en favor de la aprobación del cuestionado DNU, a los que se sumaron 36 del Pro y los de la Coalición Cívica. El Gobierno también recibió el apoyo de algunos sectores de la Unión Cívica Radical y de Encuentro Federal.
Se opusieron a la propuesta la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, excepto siete ausentes; el Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, algunos radicales de Democracia para Siempre y algunos miembros de Encuentro Federal.
Seis diputados se abstuvieron en la votación.
Del justicialismo cordobés, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca votaron a favor del DNU de Milei; Natalia De La Sota votó en contra; y Juan Brügge estuvo ausente.
Votaron a favor también los radicales Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning y Luis Picat; y Laura Rodríguez Machado y Belén Avico, del Pro (del partido amarillo faltó Héctor Baldassi, que estaba de viaje). Y razonablemente, también apoyaron la propuesta los tres diputados de La Libertad Avanza de Córdoba: Gabriel Bornoroni, María Celeste Ponce y María Cecilia Ibáñez.
En contra de la norma también se pronunciaron los dos diputados de Unión por la Patria, Pablo Carro y Gabriela Estévez.
Pasado este debate, Unión por la Patria intentó incorporar al debate la posibilidad de extender la moratoria previsional, que vence este 23 de marzo y dejará sin jubilación a miles de personas, que no llegan con el mínimo de años de aportes; principalmente, porque se desempeñan en actividades laborales con un alto grado de informalidad y cuyas patronales no han cumplido con sus responsabilidades.
Sin embargo, pese a la relevancia del tema, no se alcanzó el quórum.
«En Córdoba, la moratoria es la principal vía para jubilarse»
La consultora OTES explica que la moratoria previsional, que el Gobierno se niega a renovar, es una herramienta que permite, a través del pago de los aportes faltantes, acceder a la jubilación a quienes no tienen los 30 años de aportes requeridos.
Detalla OTES que desde 2005, millones de personas pudieron jubilarse gracias a ella; y que en Argentina solo el 25% accede a una jubilación sin ayuda de moratorias.
Destaca la consultora que la moratoria previsional es importante porque el empleo informal, las tareas no registradas y el trabajo doméstico no pago impiden que muchas personas –sobre todo mujeres– cumplan los 30 años de aportes.
Alternativamente a la moratoria previsional, explica OTES, el Gobierno Nacional propone que si una persona cumplió la edad jubilatoria y no tiene los 30 años de aportes, puede acceder a la PUAM, que sólo abona el 80% de la jubilación mínima y es para personas mayores de 65 años, de todos los géneros, y no da derecho a pensión para la pareja del beneficiario.
Asegura OTES que en Córdoba, la moratoria es la principal vía para jubilarse. Detalla al respecto: «De las 480 mil jubilaciones nacionales en Córdoba, el 73,6% son por moratoria. Eso representa más que todos los jubilados de la Caja provincial (91 mil en 2025).
Asimismo, subraya que en Córdoba, el 86% de las mujeres jubiladas lo hicieron por moratoria y que con la eliminación de esta herramienta, deberán esperar cinco años más para jubilarse y cobrarán menos, lo que representa un retroceso en derechos previsionales y de género.
Concluye OTES con tres consecuencias de la decisión del Gobierno: «Eliminar la moratoria no mejora el sistema previsional, solo castiga a quienes trabajaron toda su vida sin derechos y refuerza la pobreza y la exclusión laboral de las mujeres».
