Este miércoles 22 de abril se lleva adelante en todo el país el paro de actividades del sector de la discapacidad, que está acompañado por numerosas manifestaciones. Entrevistada por la Radio Tortuga 92.9, Carolina Armeloni, referente de la Cámara de Prestadores en Discapacidad (Capredis), brindó detalles sobre la angustiante situación que atraviesan las familias y las instituciones, y advirtió que el proyecto de ley «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» que envió Javier Milei al Congreso intenta condicionar el acceso a derechos, al atravesarlo por la lógica de la oferta y la demanda.
«El programa federal Incluir Salud sigue sin cumplir los pagos, poniendo a las instituciones en una situación más crítica que nunca, extrema. Algunas no han podido pagar sueldos y hay hogares que no tienen para la comida«. De esta manera introduce Armeloni su diagnóstico de la situación que atraviesa el sector.
Y agrega que «mientras el Gobierno no cumple con la ley de Emergencia y no paga lo que le corresponde, que es el programa Incluir Salud, manda un proyecto de Ley con un título que pretende confundir y hace un ataque nuevamente a las pensiones y desarma y desregula el nomenclador nacional, lo que es muy grave porque rompe con el principio de equidad en el acceso».
La propuesta del Gobierno Nacional, recientemente ingresada al Senado para su tratamiento, le exige a los beneficiarios de pensiones por discapacidad volver a registrarse para detectar presuntas irregularidades, fija el monto de las pensiones en un 70% de la jubilación mínima e incompatibiliza el otorgamiento de la pensión con el desempeño en un trabajo formal. Además, busca desregular el nomenclador actual para que los aranceles profesionales queden librados a las lógicas del mercado.
Respecto al proyecto, Armeloni analizó que el Gobierno «tiene la intención de darle un golpe final al sistema para que deje de existir».
Cuestionó particularmente la autoridad ética que tiene la gestión de Javier Milei para encarar estas modificaciones y sembrar la desconfianza entre los beneficiarios de las pensiones: «Esto es volver 20 años para atrás en materia de derechos. Plantean una nueva auditoría para las personas que tienen una pensión, cuando Diego Spagnuolo ya hizo una auditoría llena de irregularidades y dieron de baja pensiones que tuvieron que restituir porque estuvieron dadas de baja de manera errónea. En ese momento se descubrió una ola de corrupción en Andis (Agencia Nacional de Discapacidad)».
«La Ley de emergencia fue aprobada cinco veces y no la cumplen. Y ahora desregulan el nomenclador«, remarcó.
RADIO TORTUGA (RT): ¿Qué análisis hacen desde las organizaciones sobre este ensañamiento del Gobierno?
CAROLINA ARMELONI (CA): Con esto termina de estar claro lo que está en el fondo, que es una cuestión ideológica. Quieren traducir la lógica del mercado, de oferta y demanda, a la población de la discapacidad, donde esto no aplica. No es posible. Pretenden que sólo quien pueda pagar o cuente con una buena prepaga, tenga sus prestaciones. Es el topo que vino a romper el Estado desde adentro. Lo que pasa es que el sector es muy vulnerable, la vida cotidiana es tan complicada. Una mamá que tiene un niño con parálisis cerebral tiene dificultades para salir de su casa. No tengo palabras para definir lo que significa que el Estado te quite todo tipo de apoyo e intermediación para que tus derechos se cumplan, cuando se trata de una minoría que para tener cada uno de sus derechos, atravesó años de lucha. En América Latina, Argentina es modelo en materia de políticas públicas. Todo eso se va a destruir si diputados y senadores levantan la mano en favor de este proyecto que lleva las firmas de Mario Lugones y Manuel Adorni. Acá se va a poner en juego la participación de toda la sociedad. Tenemos que decidir qué país somos y qué políticas públicas defendemos.
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