El Juzgado Federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Ministerio de Capital Humano que en un plazo no mayor a tres días mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, que el gobierno de Javier Milei había disuelto, para reemplazarlo por un limitado sistema de vouchers. «Este fallo es un límite contundente al plan de miseria planificada», destacó la UTEP.
Se trata del programa que la gestión «libertaria» rebautizó al asumir, que antes se conocía como Potenciar Trabajo y cuyo monto congeló en 78 mil pesos. La medida judicial beneficia a más de 900 mil personas que forman parte del diverso entramado de la economía popular.
Destacó la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que la decisión judicial considera que el Estado Nacional no puede interrumpir el ingreso de los beneficiarios de este programa.
«Al ser un amparo colectivo, esta victoria es una barrera de protección para los más de 950 mil laburantes de la economía popular que hasta el mes de abril percibían el programa en todo el país», apuntó la UTEP y subrayó que «este fallo es un límite contundente al plan de miseria planificada».
El Juzgado sostuvo que el programa Volver al Trabajo representa un «ingreso mínimo de carácter alimentario, integrado a una estrategia de inclusión sociolaboral».
En este marco, desde la UTEP destacaron que el Salario Social Complementario «nunca fue un privilegio» y que fue conquistado como «complemento del trabajo real que nos inventamos todos los días».
Y analizó que con el intento de dar de baja el Volver al Trabajo, el Gobierno pretendía «desnaturalizar nuestro trabajo para entregarnos a la indigencia».
