El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) extendió por dos meses más la medida cautelar que mantiene re alambrado el arroyo Los Paredones, a la altura del Country Potrerillo de Larreta. El 15 de mayo próximo, una audiencia encontrará a las partes en conflicto: el country (denunciante) y el gobierno provincial (denunciado). La Municipalidad quiere estar presente para «buscar una solución».
«Hemos manifestado que los espacio públicos hay que defenderlos. Pero hay que ir tranquilos. Vamos a participar en este tema, pero hoy el que lo va a resolver es el TSJ y no somos ninguna de las partes en conflicto». La Municipalidad va a pedir participar, todavía no está confirmada su presencia en esta reunión. Sin sentar una posición concreta, Urreta definió la intención de la Municipalidad, con la imprecisa idea de «buscar una solución a este conflicto entre Potrerillo y Provincia».
«El TSJ, que es la máxima autoridad, es quien va a dar el veredicto y llamó a las partes a que acerquen posición. Si las partes van con posturas extremas, no se llega a ningún lado», analizó Urreta. «No nos queremos apurar y vamos a esperar a que se solucione», completó. Cabe recordar que este tema se viene dilatando, precisamente, a partir de la inacción de la Comisión Investigadora que armó la Municipalidad, junto a concejales oficialistas y representantes del Country Potrerillo de Larreta y que, recientemente, ante la puesta en marcha de la medida cautelar que se está prorrogando, fue la misma Municipalidad la que expresó públicamente que no intervendría por una cuestión de respeto al Poder Judicial y su autonomía.
Urreta dijo que desde la Municipalidad, “hemos manifestado que los espacios públicos hay que defenderlos” y que la decisión es que “no vamos a negociar el arroyo”. Respecto del “uso público” de este “espacio público”, Urreta tardó en responder la pregunta, aunque deslizó que desde la Municipalidad se pretende que el arroyo sea de acceso público.
Es precisamente éste, el punto de conflicto entre la Provincia y el country. Cabe recordar que por una decisión de la Fiscalía de Alta Gracia, año atrás se había cortado el alambre y la denuncia que hizo Potrerillo de Larreta posteriormente, advierte amparándose en la necesidad de «seguridad» para los habitantes del barrio privado que, si bien se trata de un espacio público, no es «para todos los públicos».
