Los ediles sancionaron por mayoría la Emergencia Social y Alimentaria, ante la dificultad de poder fijar los precios, y realizar las compras, con los proveedores de alimentos que son destinados a la confección de módulos alimentarios. La declaración faculta al Ejecutivo a realizar la selección de proveedores y la compra de alimentos de manera directa, con la intención de aligerar los tiempos en la adquisición de los productos frente a un contexto de crisis económica que se agudiza.
El día miércoles por la tarde, el recinto Legislativo aprobó por mayoría oficialista la declaración de Emergencia Social y Alimentaria en la ciudad de Alta Gracia. Frente a una crisis económica que toma impulso, mientras las necesidades sociales se agudizan, el municipio decidió sancionar la Emergencia con la intención de afrontar los pedidos de asistencia social y alimentaria que aumentan con el ritmo de la depresión salarial y la persistente inflación.
Los motivos son de índole meramente práctica, con la aceleración de la inflación y sus constantes vaivenes, los proveedores de alimentos, a los cuales la Municipalidad accede para la compra de productos que forman el módulo alimentario, no logran poder fijar los precios por un tiempo determinado. A su vez, los mecanismos burocráticos del Estado dificultan poder realizar cualquier compra ante la variación vertiginosa de los precios.
Frente a esta encrucijada, la declaración de Emergencia «otorga al Ejecutivo Municipal la facultad de efectuar contrataciones de manera directa, con la presentación de tres presupuestos, para la adquisición de artículos o elementos perecederos o no perecederos para cubrir los requerimientos de los programas de asistencia alimentaria”.
De esta manera, la administración podrá pactar y cerrar un precio, para luego lograr una adquisición de los productos de manera inmediata. Por un lado, la presión sobre las áreas de asistencia social como consecuencia del aumento de la pobreza y pérdida constante del poder adquisitivo de la clase media, vuelve indispensable una herramienta que permita sortear los mecanismos burocráticos del proceso formal de compra frente a la necesidad de cubrir una provisión de módulos alimentarios cada vez mayor. Por otro lado, un presupuesto municipal acotado, y que requerirá seguramente “cirugía mayor”, hacen necesario poder acceder al mejor precio posible.
Sin embargo, las atribuciones pueden resultar un arma de doble filo a raíz de una concentración de poder cada vez mayor por parte del intendente, Marcos Torres, que debilita la imagen de un bloque oficialista que se jacta de no hacer un uso desmedido de sus ventajas legislativas. Desde el inicio de la nueva administración, y con la mayoría ampliada del oficialismo en el Concejo que hacen innecesaria cualquier discusión, el mandatario ha solicitado y aprobado la facultad de poderes directos.
Un ejemplo fue la aprobación de una nueva Ordenanza sobre el convenio vigente con la Cooperativa de Trabajo de Obras Sanitarias de Alta Gracia Limitada (C.O.S.A.G Ltda.), cuya modificación del artículo 5 establece la facultad al Intendente de aumentar o reducir las tarifas de agua y cloacas sin la necesidad de pasar por el legislativo.
El concejal del bloque de Hacemos Unidos Por Córdoba encargado de presentar el proyecto de Emergencia, Marcelo Agazzi, en una declaración para Portal Tortuga, dijo al respecto de esta facultad: “La idea es acortar los tiempos y que la compra se haga muchos más rápido, esto no significa que el expediente no vaya a pasar por el Tribunal de Cuentas”.
Agazzi aseguró que la compra pasará, “sí, o sí”, por el Tribunal de Cuentas, y estará allí por un plazo de hasta diez días para que el organismo estudie, compare y controle los precios. “La compra de alimentos se viene realizando, pero el proceso era mucho más largo, lo que se busca hacer es que sea mucho más rápido y ágil, y poder dar respuesta a la gente”, insistió.
A su vez, el edil afirma que “por la inflación hay cada vez hay más demanda, y hay más necesidad de comprar alimentos para entregar a la gente”. Por otro lado, la oposición resiste, sin demasiadas armas en la mano, a las cada vez mayores atribuciones del Intendente. Los bloques opositores finalmente decidieron no acompañar el proyecto de declaración de Emergencia y exigieron que los mecanismos sean más transparentes.
En diálogo para Portal Tortuga, la concejala del bloque de Alta Gracia Cambia, Lucía Allende, aseguró que el proyecto “lo único que dice es que autoriza al Intendente a comprar de manera directa con los proveedores, nada más, no hay ningún plan de contingencia social, ni ninguna política pública al respecto de cómo trabajar con la pobreza”.
Portal Tortuga: ¿Qué opinión les merece la acumulación de ciertas facultades por parte del Ejecutivo?
Lucía Allende: Parece que es un nuevo modus operandi que quiere implementar el señor Intendente, declara en todos los aspectos Emergencias para poder manejar los fondos públicos de los vecinos como quiere. Ya lo hizo con la tarifa, donde el fondo específico de infraestructura para hacer Obra Pública en la ciudad, lo deja como libre disponibilidad; también dijo que los gastos para Seguridad van a salir de ahí. Lo que hizo con la tarifaria que lo faculta a restablecer y poder hacer reajustes en las tasas municipales a lo largo del año, ahora no vamos a tener una tarifaria anual, si no que se le otorgó al Intendente una potestad del Legislativo, al igual que con la tarifa de COSAG. Es un mecanismo muy peligroso y fuera de la ley, totalmente poco transparente, que se crea de manera arbitraria para poder hacer todos estos desmanejos de los fondos. Hacen esto en temas tan sensibles como la declaración de una Emergencia Alimentaria, de lo que menos habló el oficialismo fue de la situación vulnerable que pasan los vecinos de Alta Gracia. Son tan levanta manos automáticos que es peligroso, el Estado Municipal es la primera línea de atención y en estos temas tan sensibles hay que tener un poco de sensatez.
El proyecto fue finalmente aprobado por la mayoría ampliada del oficialismo en el Concejo Deliberante. Si bien el contexto económico, político y social, vuelven necesarios mecanismos más eficientes para el funcionamiento del Estado, resta saber si el oficialismo, ante los cada vez más agudos síntomas de crisis, avanzará en una administración pública cada vez más concentrada en la cúpula. Concentración de facultades que resulta relevante ante la posibilidad, como revela el periodista Diego Heredia en Papel Tortuga, de que Marcos Torres desembarque en la Provincia antes de terminar su mandato.
