Este martes 8 de abril, el gobernador Martín Llaryora firmó un decreto que convierte a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en sociedad anónima unificada (SAU). Aseguran oficialmente que «el 100% de sus acciones pertenecen al Estado Provincial». En la misma jornada, el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), impugnando la validez del decreto del Ejecutivo.
Desde el Gobierno destacaron que «a partir del cambio jurídico, EPEC también brindará servicios de internet, haciéndose cargo de la prestación que actualmente está en cabeza de la Agencia de Conectividad, que será disuelta».
Según el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, con esta modificación la empresa podrá tener un rol protagónico más allá del sector eléctrico, en áreas como tecnificación del agro, y energías alternativas y renovables.
«Esta decisión trascendental del gobernador Llaryora le permite a la empresa tener un nuevo y más robusto ropaje jurídico para asumir nuevos desafíos, con más unidades de negocio, acceso a financiamiento y asociaciones con otras compañías», agregó López.
Desde el gremio vienen denunciando que la conversión en sociedad anónima es un «nuevo intento de privatización» de la empresa energética provincial. El Ministro aseguró que «no hay ninguna posibilidad» de que este proceso «implique un privatización de la empresa».
El mismo martes, el secretario General de Luz y Fuerza, Jorge Molina Herrera, junto a los asesores letrados Miguel Rodríguez Villafañe y Marcos Daher, presentaron un escrito ante el TSJ, impugnando la validez del decreto y ratificaron los argumentos presentados en un amparo, solicitando que se dicte con carácter de urgencia la medida cautelar, con independencia de los planteos de fondo.
Destacan además desde el gremio que este mismo 7 de abril «el TSJ abrió el trámite de la acción de inconstitucionalidad, corriendo vista de la acción al Fiscal General de la Provincia».
Concluye un comunicado de Luz y Fuerza, sentenciando que «el Gobierno Provincial avanzó a espaldas de los planteos efectuados ante la Justicia», y subraya que el decreto firmado por Llaryora se basa en la impugnada Ley Provincial 11.015, que modifica el Código Tributario, y se funda en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei, que, interpretan, es «nulo de nulidad absoluta e insanable».
