Gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones emitieron un comunicado a través del cual reiteran su rechazo a la «Ley de Equidad Jubilatoria» del Gobierno de la Provincia, a la que califican como un «ajuste previsional». Asimismo, sostienen el reclamo por el «fin del diferimiento, del descuento por doble beneficio, y por el cumplimiento del pago del 82% móvil»; y demandan que la gestión de Martín Llaryora «intervenga de forma urgente» ante el Banco de Córdoba para «frenar la agresiva política de recupero de deudas que afecta a miles de trabajadores públicos en mora».
El documento es firmado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el SELC (Legislativos), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Luz y Fuerza Regional Villa María y ACEC (Casinos).
«Si bien acompañamos enérgicamente el reclamo al Gobierno Nacional por la transferencia de los fondos que legalmente corresponden a nuestra provincia, sostenemos que el Ejecutivo Provincial tiene la obligación ineludible de cumplir con sus compromisos previsionales«, expresan los gremios, que aseguran que dado que en mayo se duplicó la cuota mensual que la Anses debe enviar a la Provincia, «no existe justificación alguna para mantener el recorte sobre los haberes«.
En ese marco, reiteran su rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria, subrayando que se trata de una medida de «carácter regresivo» y recordando que en junio un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre un caso particular dispuso morigerar la alícuota adicional establecida por esta ley, reduciéndola del 8% al 6%.
«A su vez, seguimos reclamando por el fin del diferimiento, del descuento por doble beneficio, y por el cumplimiento del pago del 82% móvil«, agrega el documento.
En simultáneo, exigen que el Gobierno Provincial intervenga de forma urgente para frenar la «agresiva política de recupero de deudas que afecta a miles de trabajadores públicos en mora» y ante la asunción de un nuevo directorio en el Banco de la Provincia de Córdoba, exhortan a que «trabajen de manera inmediata en mecanismos que alivien los descuentos financieros de un sector de trabajadores que hoy se encuentra cautivo de la institución».
Denuncian los gremios que el Banco de Córdoba «practica descuentos abiertamente confiscatorios que impactan de lleno en el bolsillo de las familias trabajadoras, llegando en muchísimos casos a absorber el 100% de los haberes apenas se depositan, afectando tanto a activos como a jubilados».
Rechazan que estos débitos vacíen las cuentas sueldo y que avancen de manera desmedida incluso sobre el cobro del medio aguinaldo, las asignaciones familiares, las cuotas alimentarias y los subsidios por discapacidad.
Y relacionado con esto, denuncian también que «el plan de refinanciación implementado por el banco no es una solución real«, porque lejos de aliviar la situación de los deudores, impone tasas de interés que superan el 120% anual para el sector docente y la administración pública.
Finalmente, aseguran que se le ha solicitado «en reiteradas oportunidades» la intervención del gobernador Martín Llaryora, sin obtener respuesta. «Ante este silencio, exigimos la suspensión inmediata de estos descuentos abusivos y que el Poder Ejecutivo establezca de manera urgente un tope legal a los débitos, tal como rige para los embargos, para resguardar el sustento básico de las y los trabajadores«, concluye el documento.
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