Tras lograr un ajustado quórum para la apertura de la sesión en la Cámara de Senadores, La Libertad Avanza no logró reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada», por lo que en la siesta de este jueves 16 de julio la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se vio obligada a pedir un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para retomar el debate.
Repasa Parlamentario.com que a primera hora del jueves, cuando todavía había dudas sobre el quórum, trascendió que el dictamen había sufrido una quinceava modificación. Los sectores aliados al Gobierno se habrían puesto firmes en incorporar el artículo que habilita a las provincias a crear su propio régimen en rigor de la venta de tierras a extranjeros, pero el oficialismo no habría dado lugar a la requisitoria.
Recuerda el citado medio que el miércoles a última hora, mientras el país entero celebraba el pase a la final del Mundial de la Selección Argentina de fútbol, trascendió un cruce entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien le exigía a la exministra suspender esta sesión y dejar sin tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La respuesta de la jefa de bloque libertario habría sido un no tajante.
Pese a dar quórum, los bloques aliados de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Pro plantearon dudas sobre las últimas modificaciones incorporadas por el oficialismo y dejaron trascender que el proyecto no se trataría. Incluso el centenario partido sacó un comunicado crítico con el espíritu del proyecto del Gobierno.
Una ley para pocos
El texto propone eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras; derogando de esa manera la Ley 26.737, sancionada en 2011, que estableció límites a la titularidad extranjera de tierras con el objetivo de preservar la soberanía sobre recursos estratégicos.
La normativa vigente fija que los extranjeros no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, establece topes para personas de una misma nacionalidad y prohíbe la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y otras zonas consideradas de interés estratégico.
En contraste con la iniciativa oficialista, legisladores de la oposición y organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos advierten que la derogación de la ley podría profundizar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, además de comprometer el control sobre recursos naturales estratégicos como el agua, los bosques y las áreas fronterizas. También señalan que la normativa vigente constituye una herramienta para resguardar la soberanía territorial.
Otro punto polémico de la propuesta del «mileísmo» es la incorporación de desalojos exprés y la eliminación de restricciones impuestas por la Ley de Manejo del Fuego, ya que pretende derogar el artículo incorporado en 2020 en dicha normativa, que impide modificar durante 30 años el uso de superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
Es decir, de aprobarse la norma, las superficies de bosque nativo en donde se registraron incendios podrían ser adquiridas por empresas multinacionales, achicando los espacios de uso restringido; y se permitirían desalojos exprés en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.
Fuentes: La Nueva Mañana y Parlamentario.com
Foto: Comunicación del Senado vía Parlamentario.com
