Así se refirió el abogado del colectivo Encuentro de Organizaciones (EO), Sergio Job, respecto al «Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas» aprobado por el Consejo de Seguridad Interior (CSI).
En la jornada de ayer, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la puesta en marcha de una serie de pasos a seguir por las fuerzas de seguridad en el marco de una protesta en la vía publica. En este sentido, Sergio Job estimó que se trata de «una continuidad de lo que viene haciendo el gobierno de Cambiemos desde que asumió, que tiene que ver con una restricción de la democracia, cada vez más focalizada a la persecución y represión abierta a los sectores que protestan».
«Tenemos un gobierno que está gobernando a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, desconociendo la división republicana de los poderes, actuando como una dictadura, y este es un paso más en ese sentido», estimó el letrado al tiempo que agregó: «Si por medio del Congreso no se puede expresar, tampoco en la calle, lo que se está buscando es una voz única y hegemónica, acompañada por los grandes medios de comunicación».
«Cuando se hace un piquete es porque se agotaron las vías institucionales para poder recurrir», enfatizó Job respecto a la apertura de un «espacio de negociación para que cese el corte», establecido en el protocolo. Si se hace un corte «evidentemente es porque ya no te escucharon, entonces hay una contradicción intrínseca en la norma», añadió.
«Quieren seguir avanzando en una lógica que se viene instaurando desde antes del gobierno de Cambiemos, que tiene que ven con políticas de seguridad y de instauración de un Estado policial, no sólo en Córdoba sino a nivel Nacional, con niveles de control y represión altísimos. Tenemos fuerzas de seguridad que han crecido descomunalmente en la cantidad integrantes, sistemas como el de identificación biométrica o la ley antiterrorista aprobada por el kirchnerismo y que tiene que ver con frenar esto que de alguna manera se expresó en el 2001 relacionado al incremento de la democracia y la participación de grandes sectores populares que ponen en riesgo intereses particulares»
Medios de comunicación
Según el protocolo, la labor periodística «se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento». Implica «ponerlos muy lejos para que no registren lo que ocurre y, advierten, que si están en medio de los manifestantes pueden ser considerados como uno más y van a ser golpeados y detenidos», precisó Job y añadió: «Esto ya ocurrió en Córdoba con algunos periodistas, ahora le están dando un marco de legalidad, que en ultima instancia no tiene que ver con lo que es o no legal, sino con una relación de fuerza».
Derecho de protesta
«La constitución nacional establece que el derecho de reclamar y protestar ante los gobernantes está en vigencia, de la misma forma en que lo está la división republicana de poderes y este gobierno lo que hace es desconocer eso», indicó Job. «Si quieren enmarcarlo dentro de las leyes vigentes, lo primero que habría que garantizar es la integridad física de las personas, su derecho democrático a expresarse por las vías que correspondan a fuerza de organización y de lucha», añadió.
Manifestaciones
«Es un mecanismo y lo vamos a seguir haciendo tanto nosotros como el resto de las organizaciones», señaló el defensor del EO, «porque saquen una ley o protocolo no quiere decir que nosotros vamos a aceptar sumisamente que recorten nuestra democracia», continuó y enfatizó: «No hay ningún derecho que, por ejemplo, el Encuentro de Organizaciones no haya obtenido sin organización ni lucha».
«Es un mecanismo que vamos a seguir utilizando excepto que tengan la idea de que la gente va a decidir quedarse en su casa a morirse de hambre, mirando como se quedan sin empleo, como el nivel de vida se ve afectado por lo que ellos no llaman inflación sino sinceramiento de precios. Lo que están proponiendo es una declaración de guerra a las organizaciones», resaltó.
Foto: Archivo.
