La búsqueda de Delicia pasa al fuero federal: la desaparición será investigada como posible caso de trata

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    La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba ordenó este martes 26 de mayo que la Justicia Federal asuma de manera integral la investigación por la desaparición de la joven Delicia Mamani, de quien se desconoce el paradero desde hace seis meses. La resolución judicial reconoce la existencia de indicios suficientes para presumir la posible comisión del delito de trata de personas.

    De esta manera, revoca la decisión del Juzgado Federal número 3 que rechazaba el planteo de inhibitoria presentado por la familia de la joven del paraje Golpe de Agua, en Malagueño.

    El planteo había sido impulsado por María Mamani, madre de la joven desaparecida, con el patrocinio letrado de Natalia Lescano y Alina Dutto, quienes sostuvieron desde un primer momento que las circunstancias del caso excedían una mera ausencia voluntaria y requerían la intervención de la justicia federal especializada.

    Entre los elementos valorados por la Cámara se destacan:

    • La interrupción total de contacto de D.M. con familiares y allegados.
    • La eliminación simultánea de sus redes sociales y grupos de WhatsApp.
    • La situación de extrema vulnerabilidad social y económica.
    • La existencia de registros de movimientos fronterizos contradictorios.
    • La posible intervención de terceros vinculados a situaciones previas de explotación laboral y coerción económica.

    En su resolución, la jueza de Cámara Liliana Navarro sostuvo que “ante la mínima sospecha de trata de personas, la investigación debe recaer en la esfera federal”, priorizando la protección integral de la víctima y el acceso efectivo a la justicia.

    Asimismo, el tribunal advirtió que mantener la causa en el ámbito provincial podía implicar una fragmentación de la investigación y obstaculizar el descubrimiento de la verdad.

    Desde el entorno de Delicia Mamani consideran que la resolución constituye un avance significativo en la búsqueda y en el reconocimiento de la gravedad de los hechos denunciados, reafirmando la obligación del Estado de investigar con debida diligencia los casos de desaparición de mujeres y posibles redes de trata de personas.

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