Este jueves 28 de mayo, la Legislatura desarrolló una sesión especial en el marco de la cual se aprobó un proyecto para instruir a los senadores nacionales por Córdoba a defender los intereses de la provincia y rechazar las modificaciones régimende Zona Fría, que impulsa el Gobierno Nacional y que dejaría a 688 mil familias cordobesas sin beneficios en la tarifa de gas natural. La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados y se apresta a ser debatida en la Cámara Alta.
El debate en la Unicameral se extendió a lo largo de tres horas, en las que se plantearon diversas posturas; la mayoría de las cuales advertían que la iniciativa del oficialismo nacional compromete la continuidad de los beneficios tarifarios que actualmente alcanzan a miles de usuarios de la provincia.
Además del rechazo a la media sanción otorgada por Diputados y la instrucción a los senadores por Córdoba, se aprobó también una declaración de preocupación ante la condonación de deudas a las prestatarias Edenor y Edesur que surge del mismo proyecto «libertario». Se argumentó que dicha medida es asimétrica respecto a las jurisdicciones del interior.
Los fundamentos
Al inicio del debate, la legisladora Ileana Quaglino, miembro informante, señaló: “El Gobierno nacional se dio el lujo de sacarnos a los cordobeses, con una de sus fantásticas medidas para que los números les cierren solo a ellos y a los que viven en Buenos Aires. Esta vez lo que han decidido es quitar a 13 departamentos de la provincia de Córdoba del beneficio de la zona fría”.
En otro momento de su discurso, Quaglino agregó: “Un Estado que se considera inteligente no es un Estado que recorta sin ningún criterio, es un Estado que segmenta, un Estado que optimiza lo que hay”.
“Desde el invierno pasado a este invierno, la gente ya tuvo más del 100% de aumento de la factura del gas. Ahora también nos van a aumentar como un 50%”, concluyó la legisladora.
El presidente del Bloque Hacemos Unidos Por Córdoba, Facundo Torres Lima, expresó: Hoy defendemos en la Legislatura el pedido de más de 168 intendentes y jefes comunales de distintos espacios políticos que reclamaron una posición clara frente a la quita del beneficio de Zona Fría.
Porque cuando millones de cordobeses pueden verse perjudicados, no hay lugar para especulaciones ni medias tintas. Hay que defender a Córdoba.
El texto aprobado
Durante la sesión se abordaron iniciativas presentadas por legisladores y legisladoras de distintos bloques parlamentarios, entre ellas proyectos de declaración y resolución que expresan posicionamientos respecto de eventuales modificaciones al régimen establecido por la Ley Nacional 27.637.
Los expedientes incluidos en el temario contenían expresiones de preocupación, rechazo e instrucciones dirigidas a representantes cordobeses en el Congreso de la Nación, en relación con el tratamiento del proyecto de ley 0003-PE-2026, modificatorio del esquema vigente de beneficios tarifarios para zonas frías.
El texto aprobado establece en el artículo 1º que instruye a los senadores nacionales por Córdoba, en virtud de lo establecido en el artículo 104 inciso 5 de la Constitución Provincial, para que defiendan los intereses de la provincia en el tratamiento del mencionado proyecto. La iniciativa se fundamenta en que generará un perjuicio económico a las familias cordobesas.
Asimismo, señala en el artículo 2° su preocupación y rechazo a la media sanción dada en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que modifica el régimen de subsidios a los consumos de gas natural en zonas frías, y señala textualmente: “Su sanción definitiva provocaría un importante aumento en las tarifas de gas natural, afectando de manera directa a miles de usuarios cordobeses, profundizando desigualdades territoriales y sociales en un contexto de crisis económica y pérdida de ingresos”.
Finalmente, la aprobación legislativa incluye una expresión de preocupación y rechazo por otro punto del proyecto que cuenta con media sanción del Congreso Nacional, en lo relacionado a la compensación y condonación de deuda a las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal -Edenor y Edesur-, impulsada por el Gobierno Nacional “por ser una medida injusta y discriminatoria para las distribuidoras y transportistas del interior de las provincias argentinas”.
Los proyectos fueron tratados de manera conjunta y compatibilizados en despachos de mayoría y minoría, conforme a lo resuelto por el cuerpo legislativo.
