La organización de Ciudadanos Contra el Tarifazo fueron citados por la Cámara en lo Contencioso-Administrativo a una audiencia judicial con las autoridades del ERSEP y EPEC con relación al amparo colectivo que han iniciado, en contra de los cortes del servicio de electricidad y restitución de los ya cortados y modificación del régimen tarifario para los sectores populares y vulnerables.
Valentina Enet, referente y abogada de la organización, dialogó con Radio Tortuga 92.9: «Hemos presentado un amparo colectivo con 10 mil firmas de usuarios de EPEC de toda la provincia, reclamando que se ha modificado el régimen tarifario y se ha eliminado la tarifa solidaria que protegía a los sectores más vulnerables. Esto es un fraude por que los han cambiado sin audiencia pública y lo sustituyeron con una tarifa social provincial, entonces las facturas que les llegan son de 6000 mil a 10 mil pesos. El aumento desde mayo hasta la fecha es del 270 por ciento, mientras que el residencial, el que consume la clase media, es del 50 por ciento de aumento».
Además, denunció la abogada que el ERSEP no realiza desde mayo ninguna audiencia pública comunicando sobre estos cambios en las tarifas. «Solo han realizado audiencias públicas autorizando un traslado automático de aumento de la energía mayorista y el transporte, y después graciosamente le dan a EPEC un aumento global pero sin explicar cómo le va a impactar a cada uno de los sectores».
También, Enet se refirió a los cortes de electricidad realizados por EPEC, sin aviso previo. «No lo pueden hacer porque es un servicio público esencial, la tarifa tiene que ser accesible y no confiscatoria. El gobernador de Córdoba promocionó una tarifa solidaria provincial como si fuera una panacea, es un verdadero disparate y de canalla».
La audiencia judicial fue en los Tribunales de la Cámara de lo Contencioso-Administrativo de la calle Arturo Mateo Bas 250 de la ciudad de Córdoba, donde la organización espera que se dicte una medida cautelar de no corte y suspensión del servicio. «Acá se ha violando la Constitución Nacional y Provincial que dicen que ‘los servicios deben ser garantizados por el Estado’. El Defensor del Pueblo no ha hecho nada y cobra 220 mil pesos por mes. Me pregunto dónde están los legisladores, las Municipalidades», finalizó la abogada.
FOTO: FACEBOOK DE VALENTINA ENET
