El miércoles 23 de septiembre personas con discapacidad y sus familias, prestadores, profesionales e instituciones del sector vuelven a manifestarse para demandar el dictamen que permita la llegada al seno de la Cámara Baja del proyecto de prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. «El sistema continúa atravesando una situación crítica que afecta de manera directa a las personas con discapacidad y sus familias, pero también a quienes sostienen diariamente los servicios y prestaciones», expresa la invitación. En la ciudad de Córdoba, el punto de encuentro es a las 11 en la Plaza San Martín.
Este mismo miércoles se llevará adelante la segunda jornada del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en la que se pronunciarán diversas voces del sector y se espera la aprobación de un dictamen de mayoría para extender la Emergencia en Discapacidad hasta fines de diciembre de 2027, que pueda ser elevado a la Cámara Baja para ser votado una semana después.
La movilización se replicará en diversos puntos del país. «La emergencia no terminó. Los problemas que llevaron a su declaración tampoco. Durante este tiempo, las dificultades para garantizar la continuidad de prestaciones, tratamientos y apoyos no se resolvieron«, exhibe la convocatoria nacional.
Al escenario planteado se suma la crítica al Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que propone modificaciones sustanciales al régimen vigente: cambios en el sistema de pensiones, restricciones vinculadas al trabajo formal, modificaciones al Nomenclador de Prestaciones Básicas y la derogación de garantías incorporadas por la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Alertan las organizaciones del sector que «la movilización se produce, además, en un contexto de inestabilidad institucional en el área de discapacidad«, ya que el lunes 21 de septiembre presentó su renuncia Alejandro Vilches a la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad, alegando razones personales.
«Su salida ocurre mientras continúa la discusión por el financiamiento del sistema, las modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027 y el reclamo por la efectiva implementación y prórroga de la emergencia. A ello se suma la reciente difusión de una auditoría sobre la gestión de la ex Andis, en la que se informó un desfasaje superior a los $158 mil millones entre distintos registros de deuda del organismo. El origen, alcance y las eventuales responsabilidades vinculadas a esa diferencia continúan siendo materia de investigación», apunta al respecto el comunicado al que suscriben diversas organizaciones del sector.
Y completa: «A este escenario se suma una nueva incertidumbre respecto de los pagos de las prestaciones por discapacidad a través de las obras sociales. Al 22 de septiembre, continúan las demoras y la falta de previsibilidad en las acreditaciones. La cadena de pagos solía comenzar a activarse habitualmente entre el 15 y el 18 de cada mes; transcurridas ya esas fechas, persiste la incertidumbre sobre cuándo se completarán las transferencias y cuándo esos fondos llegarán efectivamente a los prestadores. No se trata solamente de una demora administrativa. Cuando se retrasa el inicio de la cadena de pagos, el atraso se traslada hacia el último eslabón: quienes sostienen diariamente las prestaciones. Y detrás de cada prestación que se vuelve difícil de sostener hay una persona con discapacidad cuyo tratamiento, apoyo, transporte, educación o rehabilitación depende de que ese circuito funcione. En este contexto, resulta indispensable una respuesta institucional clara y urgente. No puede exigirse nuevamente que sean las personas con discapacidad, sus familias, los trabajadores, profesionales e instituciones quienes absorban las consecuencias de la falta de previsibilidad, financiamiento y continuidad de las políticas públicas».
