Desde la asamblea Santa María sin Basura cuestionaron la decisión de la Cámara de Acusación, que dispuso el sobreseimiento de los tres directivos de la empresa Taym, que estaban imputados por contaminación ambiental culposa, por el desborde suscitado el 27 de marzo de 2017 en la planta de residuos peligrosos ubicada sobre Ruta 36. La organización vecinal adelantó que intentarán llegar al Tribunal Superior de Justicia para que se reactive la investigación.
El 27 de marzo de 2017, copiosas lluvias en Paravachasca derivaron en una inundación de la planta de residuos peligrosos Taym, que en su desborde llegó al canal Los Molinos – Córdoba, que alimenta de agua potable a un tercio de la capital cordobesa y garantiza el riego a su cinturón verde.
Por esa tragedia, en agosto de ese mismo año el fiscal de Alta Gracia Alejandro Peralta Otonello imputó por «contaminación ambiental culposa» a tres directivos de Taym: Alberto Esteban Verra, presidente; María del Milagro Aráoz Ferrer, responsable técnica; y César Ernesto Ripsky, gerente y apoderado.
Sin embargo, en agosto de 2021, el juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, dispuso la prescripción de la causa penal por el paso del tiempo, resolviendo el sobreseimiento de los imputados.
Dicha resolución fue apelada por la asamblea Santa María Sin Basura. Finalmente, este 6 de junio fue notificada la organización vecinal que la Cámara de Acusación, con la firma de Patricia Farías, María de los Ángeles Palacio y María Susana Beatriz Blanc Gerzicich, ratificaron la sentencia de Lasso.
En síntesis, con esa decisión, se extingue la causa penal y la imputación de los acusados.
Frente a este escenario, la asamblea Santa María sin Basura anticipó que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia para exigir que se reabra la investigación.
José Gremo, integrante de la organización vecinal, consultado por Radio Tortuga 92.9, recordó incluso que se luchaba para que la figura de imputación se endureciera, pasando de delito ambiental culposo a doloso.
«Una pericia interdisciplinaria comprobó la contaminación, por eso nos llama la atención que se llegue a este punto y estas personas no lleguen a juicio oral. La contaminación continúa hasta hoy y no se ha hecho una remediación en la zona», subrayó Gremo.
A su vez, cuestionó que la prescripción penal dispuesta por el Juzgado de Control, ratificada por la Cámara de Acusación, ignora que el tiempo transcurrido entre 2017 y la actualidad estuvo atravesado por una pandemia que dificultó la posibilidad de encontrarse y avanzar con trámites judiciales.
«Durante un año estuvimos encerrados y no se podía ir a Tribunales. Para esta causa, los plazos corrieron normalmente. Somos vecinos comunes peleando contra el mayor prestador de obra pública del Estado«, demandó.
Finalmente, anticipó que el paso siguiente será llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia. «Tenemos un plazo perentorio para apelar; lo vamos a hacer y vamos a continuar hasta el final», concluyó.
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