*Por Clarisa Villares, integrante del área de investigación del Archivo Provincial de la Memoria.
El cuatro de diciembre de 2012, Jaime Díaz Gavier, presidiendo del Tribunal Oral n°:1, declaró abierto el debate, es decir la instancia oral y pública, de la “Megacausa La Perla”, que a la fecha se ha constituido en el juicio por crímenes de lesa humanidad más extenso de la historia.
Tres años y ocho meses, 716 víctimas, 45 acusados, 581 testigos, 350 audiencias. Cientos de testimonios que esperaron apretados en la garganta durante cuarenta años.
El recuerdo de cada detenido en su colchoneta, de cada nombre robado al silencio de la cuadra y repetido mil veces para que el olvido no se lo llevara; la juventud de los pibes del Belgrano, la enorme humanidad de Tomás Di Toffino intentando confortar a cada compañero detenido, la dignidad inquebrantable de Graciela Doldán, pidiendo mirar de frente a sus asesinos cuando tiraran del gatillo, la sonrisa siempre amable del Tito Yornet; pero también el de los camiones que llegaban para el exterminio, de cada una de las caras de los torturadores guardadas obstinadamente en la memoria por los sobrevivientes, y el empeño de sobrevivir, para contar.
La sentencia amalgará la condena judicial a la ya consolidada condena social, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de La Perla, Campo de la Ribera y el Departamento Dos de Informaciones de la Policía de la Provincia desde 1975, es decir aún antes del golpe de estado cívico militar, hasta 1978.
Por primera vez en nuestra provincia se juzgarán los abusos sexuales como delitos de lesa humanidad. “El cuerpo de las mujeres ha sido considerado –y tratado- como trofeo o botín de guerra por los atacantes. Sin embargo, los delitos sexuales contra las mujeres siempre fueron considerados daños colaterales” dice la fiscalía en su alegato.
Los cientos de testimonios escuchados en estos casi cuatro años, dejan claro el carácter de sistemático y generalizado de los abusos sexuales en los campos, como delito diferenciado de la tortura, en un aberrante intento de dominación y reproducción simbólica de poder, ejercido sobre el cuerpo de la mujer.
Este juicio además dejó patente la enorme deuda pendiente de habilitar la palabra de los varones para comenzar a juzgar los abusos sexuales de los que muchos fueron víctimas.
Las sentencias no son el final, sino un nuevo punto de partida donde nos atrevemos a cuestionar la impunidad. No llegan para cerrar heridas ni sanar secuelas, una condena no redime al asesino, pero la supremacía de las leyes y el estado de derecho que traen una justicia tardía, pero justicia al fin, nos dejarán la certeza de que estamos un poco más cerca de la consolidación definitiva de un proceso que comenzó hace 40 años con el compromiso acuñado en los centros clandestinos, de sobrevivir para contar el horror, que continuó con cada ronda de las madres en la plaza y la valiente lucha de los organismos de derechos humanos, un proceso sostenido por la sociedad civil y que en algunos momentos históricos estuvo acompañado de políticas públicas de DDHH y memoria, y que ha llevado siempre como bandera aquel imperativo que en 1985 el fiscal Julio César Strassera tomara prestado del pueblo Argentino, que en millones de voces sigue repitiendo: “NUNCA MÁS”.
