«La (in)Justicia de Córdoba castiga defender a la educación pública» se titula un documento a través del cual se invita a la comunidad a respaldar a estos 27 estudiantes que fueron procesados por «manifestarse en contra de políticas de ajuste y recorte». Candela Guzmán, una de las estudiantes procesadas, subrayó que con el enjuiciamiento dispuesto por el juez Hugo Vaca Narvaja, se sienta «un precedente gravísimo contra las libertades democráticas más básicas».
La joven estudiante, en su testimonio, destaca que este enjuiciamiento es inédito desde la vuelta de la democracia y que los métodos que utilizaron en las protestas de 2018, fueron los que «históricamente ha organizado el movimiento estudiantil». Asimismo, recuerda que en aquella oportunidad, se plegaron al reclamo muchos docentes, «en defensa de la educación pública, por protocolos contra la violencia de género, por más raciones en el Comedor Universitario y por becas para que nadie se quede afuera de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba)»; y postula que aquellas demandas «están vigentes» y las problemáticas denunciadas «no se han resuelto».
La noticia del enjuiciamiento de les 27 estudiantes suscitó un inmediato repudio colectivo que se viene manifestando en diversas muestras de solidaridad. En estas semanas, viene circulando un petitorio, firmado por unos 500 docentes, investigadores y delegados de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba (ADIUC), en el que se manifiestan en contra del enjuiciamiento.
“Así como repudiamos primero la imputación y más tarde el procesamiento, redoblamos ahora nuestro repudio contra la solicitud a elevación a juicio oral y público por parte del fiscal federal Maximiliano Hairabedián, un pedido que presentó en la causa hace pocas semanas, y al que el juez federal Hugo Vaca Narvaja dio lugar”, señala un documento esgrimido por la Dirección y el Consejo de la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y continúa: “Todo parece indicar que el juicio se va a sustanciar. Todo parece avanzar hacia lo peor con una agilidad judicial que tanto se hace esperar en situaciones criminales sistémicas y dramáticas (hoy, emblemáticamente, femicidios amparados por la desidia judicial) y que sin embargo se acelera ante una acción política colectiva de demanda de derechos”.
Para mediados de mayo, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, junto a partidos políticos, están organizando también una movilización de apoyo a les estudiantes; y virtualmente, con placas gráficas y los hashtags #EnDefensaDeLaEducaciónPública #CriminalizaciónDeLaProtesta y #DefenderLaEducaciónNoEsDelito, se ha lanzado una invitación a la comunidad a manifestarse también a través de las redes sociales virtuales.
El siguiente texto, correspondiente al mencionado documento «La (in)Justicia de Córdoba castiga defender a la educación pública», brinda detalles sobre los hechos de 2018:
Tres años atrás, miles de estudiantes y docentes en todo el país salieron a reclamar mayor presupuesto para la educación pública.
En 2018, 57 universidades fueron paralizadas y 90 edificios públicos fueron tomados.
Además, se organizaron asambleas y hubo movilizaciones, a raíz de la caída abrupta de los salarios de trabajadores de la educación por debajo de la línea de inflación, sumado al riesgo concreto del cierre de instituciones educativas por falta de presupuesto.
Entra tantas demandas, la lucha se centró en:
● Conquistar un mayor presupuesto para la Universidad y disputar su orientación hacia el mejoramiento de infraestructura, becas económicas para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes, ampliaciones de las raciones del comedor universitario.
● Romper el convenio de “seguridad” que la UNC tiene con la Policía Provincial.
● Mayor presupuesto para programas y protocolos de violencia de género y guarderías marentopaterales.
En Córdoba, estudiantes de la Universidad Nacional organizados en asambleas multitudinarias iniciaron el proceso de ocupación en 6 Facultades.
Ante el rechazo sistemático al diálogo por parte de las autoridades, se le sumó a dichas medias la ocupación durante un mes del Pabellón Argentina.
La toma del principal edificio administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) significó un duro golpe al “normal funcionamiento” de la universidad y desató una violenta reacción por parte de las autoridades universitarias.
Durante los meses que duró el conflicto el hostigamiento fue permanente y escalonado, intentando quebrar al movimiento estudiantil.
¿Cómo se llegó al procesamiento?
El vicerrector Pedro Ramón Yanzi Ferreira se presentó a la Justicia Federal el día de la ocupación del Pabellón para elevar una denuncia de la situación y abrir el proceso penal.
Tras 24 días de ocupación las autoridades universitarias llamaron a una mesa de trabajo de carácter NO RESOLUTIVO como instrumento para identificar estudiantes y así darle curso legal a la causa abierta.
Quienes actualmente enfrentan la judicialización son lxs 25 estudiantes elegidxs como vocerxs que firmaron el acta de compromiso de la mesa entregada por las autoridades universitarias a la justicia, junto con 2 compañerxs identicadxs a partir de su exposición en medios de comunicación.
La causa caratulada “Usurpación por despojo” se arma con varias «irregularidades» jurídicas que dan cuenta de su carácter netamente político.
El testimonio del propio vicerrector como denunciante de hechos -sin ser testigo presencialy una nota periodística fue material suficiente para iniciar las imputaciones.
Los hechos descritos el 28 de Agosto (inicio de la ocupación del Pabellón Argentina) son adjudicados 30 días después a lxs estudiantes que firmaron el compromiso de diálogo con las autoridades. En ningún momento se estableció un reconocimiento del grado de participación ni la implicancia que tuvo cada unx de lxs estudiantes en los supuestos hechos. La causa fue elevada al Tribunal de Casación, cuyo fiscal ratificó la acusación e instó al juez federal al embargamiento de bienes de lxs 27 estudiantes.
