A través de una carta abierta, 38 instituciones que atienden a personas con discapacidad denunciaron el abandono del Estado Nacional y la grave desfinanciación que pone en riesgo servicios esenciales como rehabilitación, inclusión escolar y centros de día. La situación se ha tornado crítica debido a la falta de actualización de los aranceles correspondientes al sistema de prestaciones. En un contexto donde los costos de funcionamiento se han duplicado, el desfinanciamiento pone en peligro la continuidad de los servicios esenciales que brindan a miles de personas.
Recientemente, 38 instituciones que ofrecen diversos servicios —como rehabilitación, inclusión escolar, centros educativos terapéuticos (CET) y centros de día— emitieron una carta abierta denunciando la situación. En el documento, advierten sobre el peligro de colapso de un sistema que históricamente ha sido modelo en América Latina y el mundo, por garantizar atención personalizada y cobertura en todo el país.
La carta señala que los aranceles regulados por el Nomenclador Nacional han quedado por debajo de lo aceptable, con aumentos mínimos en 2024 (1% en septiembre, 1% en octubre, 0,8% en noviembre y 0,5% en diciembre), y sin incrementos durante 2025. Mientras tanto, los costos operativos de las instituciones se han duplicado. “La cuenta es simple, y la situación no solo es grave: es crítica”, expresaron los firmantes.
Testimonio desde adentro
Sergio López, director del Centro de Inclusión de Personas con Discapacidad CRECER, dialogó con Radio Tortuga 92.9 sobre el contexto actual. “El Estado no cuenta hoy con la estructura para brindar todas las prestaciones que debería a las personas con discapacidad, como apoyo de inclusión escolar, centros educativos o rehabilitación. Esa es la razón de ser de las instituciones privadas y ONG que dan respuesta”, afirmó.
Además, López detalló el impacto económico que enfrenta su institución: “Tenemos un hogar donde residen personas con discapacidad, donde se les brinda alimentación acorde a sus necesidades y actividades junto a profesionales. Solo en alimentación estamos gastando cerca de 20 millones de pesos al mes”.
Impacto
El impacto humano es evidente: en CRECER, 180 personas reciben servicios en diferentes prestaciones provenientes de cinco departamentos, y 120 trabajadores conforman el equipo. La falta de recursos compromete tanto la continuidad laboral como la atención de quienes más lo necesitan.
“Todo es una traba, todas son barreras, todo es un obstáculo”, lamentó López, quien además expuso los problemas burocráticos que enfrentan, como la exigencia de certificados médicos en auditorías de pensiones, requisito que el organismo nacional no demanda.
Desgaste emocional de las familias
Las familias están angustiadas y agotadas ante una situación que se agrava con el paso de los meses. “Nosotros tenemos la obligación moral y profesional de acompañarlos, pero también estamos sufriendo”, expresó López.
La situación laboral de los profesionales tampoco es alentadora. Desde septiembre de 2024 no se registran aumentos salariales significativos, y las demoras en el cobro de prestaciones —que pueden tardar hasta seis meses— agravan la problemática.
La carta abierta hace un llamado urgente al Estado Nacional para que intervenga y garantice el derecho a la inclusión de las personas con discapacidad, evitando que el acceso a los servicios quede restringido solo a quienes puedan pagarlos, como ocurre en otros países. “No hay tiempo que perder”, concluyen los firmantes, exigiendo medidas que permitan sostener un servicio esencial que hoy se encuentra al borde del colapso.
