Entrevistada por la Radio Tortuga 92.9, la abogada Marta Lastra, que presentó la medida cautelar que fue aceptada por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja y obliga al PAMI e Incluir Salud a regularizar la cadena de pago a prestaciones de servicios a personas con discapacidad, destacó que la medida intenta ponerle un freno a un escenario «totalmente desigual y contrario a la equidad» impuesto por el gobierno de Javier Milei para el sector.
Alertó Lastra que un escenario en el que «cada obra social o prepaga decida cómo y cuánto pagar las prestaciones» llevará indefectiblemente a «tener personas con discapacidad de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta categoría según la posibilidad económica que tenga».
Subrayó la abogada que el modelo de prestación de servicios para el sector de la discapacidad que impone Milei «es totalmente desigual y contrario a la equidad y a los documentos internacionales que condenan la discriminación y protegen a las personas con discapacidad».
En ese marco, sentenció desde su posición de madre de una persona con discapacidad y abogada del sector: «No tenemos una sola arista en la que no hayamos sido atacados por la gestión de Javier Milei«.
RADIO TORTUGA (RT): ¿Cuál sería el accionar jurídico que tomarían, frente a una eventual apelación a la medida cautelar?
MARTA LASTRA (ML): Hay que esperar cómo se concede la medida cautelar, si con efecto devolutivo o suspensivo. Si es con efecto devolutivo, hasta que se expida el tribunal de alzada, la Cámara Federal, el Gobierno tiene la obligación de cumplirla. Y hay que ver cuál va a ser la decisión de la Justicia ante el incumplimiento, porque no es la primera vez que el Gobierno incumple y usa de manera recalcitrante e insistente estos artilugios judiciales para justificar el incumplimiento. Es un modus operandi que tiene la gestión de Javier Milei. Quizás son pasibles de otro tipo de responsabilidades, que lleguen al ámbito personal, civil y penal, por incumplir lo que ordena la justicia de manera reiterada. Contemplamos y formulamos las reservas necesarias para recurrir a la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando la supremacía de la Constitución siga siendo contrariada; y por qué no, los controles de convencionalidad a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta flagrante violación a los derechos de las personas con discapacidad, de parte de la gestión de Javier Milei, el ministro (de Salud) Mario Lugones y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
