En su informe «Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba», el Observatorio del Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) analizó que en 2016, las políticas ambientales representaban el 0,36% del presupuesto provincial y en la actualidad, sólo el 0,25%. Pablo Díaz Almada, docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e integrante de OTES, brindó detalles sobre la investigación en una entrevista con Radio Tortuga 92.9.
Inicialmente, explicó Díaz Almada que OTES realiza regularmente informes en los que analiza cuestiones vinculadas a la economía cordobesa. Este último trabajo, que desde julio está publicado en la página web del Observatorio, pretende echar luz sobre la manera en que el Estado afronta los conflictos socioambientales, en un entrecruzamiento entre las problemáticas ambientales, la evolución del modelo productivo provincial y un análisis del presupuesto.
Cambio de matriz productiva
Díaz Almada apuntó que en el Observatorio les llamó la atención que aquellas organizaciones y estudios que analizan la situación socioambiental en la provincia, nombran como factores que generan precariedad ambiental a la expansión de la frontera agropecuaria y el uso de suelo para actividades inmobiliarias; precisamente las dos actividades que en otro estudio identificaron como las que más han crecido en su participación en el producto bruto interno cordobés entre 2010 y 2020.
«A partir de 2013 o 2014, empieza a verse que la agricultura, ganadería y pesca empieza a ser el principal rubro de la actividad económica en la provincia de Córdoba. Hasta ese momento, aparecía en ese lugar la industria manufacturera, con la industria automotriz como símbolo», refirió Díaz Almada.
Si bien aclaró que estos movimientos dependen de condicionamientos internacionales, nacionales y provinciales, explicó que los Estados eligen fomentar algunas actividades por sobre otras. «Lo que vemos es que (el Estado provincial) fomenta la mejora de la actividad primaria exportadora», señaló.
Agregó Díaz Almada que los departamentos en los que se han expandido las explotaciones agropecuarias coinciden con aquellos en los que se ha perdido más bosque nativo.
Cuestión de recursos
En el informe que presentó este mes, OTES analizó el presupuesto asignado por el Estado provincial a la Secretaría de Ambiente y también a programas que están por fuera de ella, pero que atañen a la misma temática, como los vinculados al ordenamiento territorial, Policía Ambiental y el Plan Provincial de Manejo del Fuego.
A modo de síntesis, enumeró algunas observaciones: «Vemos que desde 2016 hay una caída importante en términos de todas estas políticas presupuestarias. Si comparamos 2016 y 2022, se han recortado cerca de 390 millones pesos. En 2022 se presupuestaron casi 2.000 millones, pero para estar al nivel de 2016, se tendrían que haber presupuestado 400 millones de pesos más. También vemos una pérdida de representación de las políticas ambientales dentro del presupuesto global. En 2016 representaban el 0,36% y hoy el 0,25%. Esa caída que se da dentro de la participación en el presupuesto global, implica que hay otras prioridades. Hay más asignaciones a fomento agropecuario. Dentro de todos los programas ambientales, hay uno particularmente que va a los recursos de la Secretaría para el ordenamiento territorial, los estudios de impacto ambiental, las regulaciones, los permisos; y tiene una gran pérdida de casi la mitad de su presupuesto entre 2016 y 2022. El otro gran perdedor de esos programas es el de lucha contra el fuego. En 2018 hubo un incremento respecto a 2017 y los niveles de 2022 no alcanzan a los que tenía en 2016».
El informe completo puede leerse en el siguiente link: https://otescba.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Ambiente-OTES.pdf
