Amnistía Internacional dio a conocer el 19 de diciembre pasado el informe «Disenso en riesgo», que en su capítulo de «Uso excesivo de la fuerza», releva que consecuencia de la aplicación del llamado «Protocolo Antipiquetes» de Patricia Bullrich, 1100 personas resultaron heridas, hubo 33 víctimas de impactos faciales, 73 personas criminalizadas y niños y niñas reprimidos. La respuesta de la ministra de Seguridad fue asegurar que «Amnistía Internacional no entiende nada». Desde el organismo aseguran que todo está documentado. En este artículo, se encuentra el acceso al mencionado informe.
«Amnistía Internacional no entiende nada. Un país que hace 25 años que tenía piquetes, que eran con la gente extorsionada, yendo para que le den un sueldo. Presos de los gerentes de la pobreza. Hemos terminado con eso con la mínima violencia. Que salgan con un informe así es que están del lado de los delincuentes», afirmó Patricia Bullrich, desconociendo la trayectoria de Amnistía Internacional, que en todo el mundo y en particular en la Argentina suele investigar las violaciones a los Derechos Humanos, independientemente del color político que gobierne.
La funcionaria calificó el informe como «fuera de lugar y ridículo«. Según Bullrich, «están influenciados por una mirada alejada de la sociedad, que no quiere seguir viviendo donde los dueños de la calle eran los piqueteros, que eran llevados porque les sacaban dinero».
Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido:… https://t.co/6hWAQdKQZW pic.twitter.com/7juL5ET1bn
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) January 13, 2025
Desde la entidad afirmaron: «Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo«. Y en su favor, aseguraron que «en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia».
Argumentaron: «Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales. Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web».
Y en referencia concreta al informe sobre la aplicación del «Protocolo Antipiquetes», impulsado por el Ministerio de Seguridad, afirmaron: «Entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante. Luego, la evidencia (eso con lo que trabajamos) mostró que quien había atacado a la niña fue un policía que actuaba bajo el Protocolo Antipiquetes, que hasta ahora dejó un saldo de al menos 1100 heridos, 33 impactos faciales, 73 criminalizados y niños y niñas reprimidos«.
El mencionado informe puede consultarse en el siguiente enlace: https://amnistia.org.ar/disenso-en-riesgo/uso-excesivo-de-la-fuerza