Por Agencia Farco. El gobierno de Javier Milei se negó a responder preguntas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los recortes en políticas sociales y la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos populares, que mantiene retenidos venciéndose en los galpones del Ministerio de Capital Humano.
El organismo internacional convocó a una audiencia en Washington, Estados Unidos, por pedido de organizaciones sociales y de derechos humanos, que vienen denunciando las acciones del gobierno en lo que va de su gestión.
Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), aseguró que en Argentina existe “un plan de miseria planificado, de exterminio social y una gran crisis humanitaria”.
“El avance en el narcotráfico, que se ve en el territorio argentino, y también la gran tasa de suicidios, que ha aumentado violentamente en nuestro país, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”, completó.
En la audiencia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, se defendió bajo la excusa de que había una intencionalidad política en el reclamo de la organizaciones denunciantes. Además, leyó un informe del Ministerio de Capital Humano, pero aclaró que no iba a responder preguntas.
“¿Cuál es la intencionalidad de todas estas denuncias y traer al Estado argentino a comparecer ante la Comisión con el discurso político con el que abrió su alocución el señor Gramajo?”, señaló Baños, que le pidió a las organizaciones que envíen las preguntas necesarias por escrito.
Luego dijo que el gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, se repartieron unos cinco millones de kilos de comida a merenderos y comedores, “conforme a criterios objetivo y federales, con el fin de equidad de la asignación”.
El dirigente de la UTEP confrontó esta postulación, remarcando que están celebrando que repartieron cinco millones de kilos de comida. «En nuestro país hay diez millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza, que no puedan comer todos los días, que saltean comidas; no hay para festejar. Bienvenido sea. Pero lo hicieron a partir de un fallo judicial y de una acción que iniciamos nosotros”, retruco Gramajo.
José Luis Caballero, de la CIDH, recalcó que no se puede retroceder en políticas sociales y recordó un fallo de la Corte del 2016, que sostiene que “los Estados tienen que hacer obligaciones positivas y que, de no hacerlo en estos temas, se incurre en irresponsabilidad internacional”.
Asimismo, aseguró que “los Estados no pueden quitar políticas, eliminarlas, regresarlas de un marco que ya se había obtenido. Tiene que ver con la progresividad y la prohibición de regresividad que tienen las obligaciones internacionales. Son dos fundamentos muy importantes”, finalizó.
