El 8 de febrero pasado, organizaciones que nuclean a medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, trabajadoras y trabajadores de prensa y organismos de derechos humanos realizaron una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría para la Libertad de Expresión, para que alerte sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión en la Argentina.
La nota, dirigida a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clarke; al relator para Argentina, Edgar Stuardo Ralón Orellana; al relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; y a la secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; fue firmada por AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) Argentina; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Centro de Investigaciones ICEP-UNQ – Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes; la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA); el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco); la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren); la Red de carreras de Comunicación Social y Periodismo (Redcom); la Red de Medios Digitales; y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
Bajo el título «Más concentración de los medios y menos libertad de expresión», las entidades firmantes solicitan que los organismos internacionales tomen nota del incumplimiento de los estándares de libertad de expresión en nuestro país.
«Transcurridos solo dos meses desde su asunción, ya experimentamos dificultades gravísimas para el trabajo de periodistas y fotógrafos y asistimos al despliegue de decisiones legales y administrativas que conducen a una mayor concentración empresarial del sistema de medios argentino -ya de por sí concentrado- y al achicamiento del pluralismo y la diversidad», expresan en la introducción de la presentación.
«La convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público. Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que solo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad», advierte Farco en una publicación en sus redes.
La presentación ante la CIDH subraya también que «el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 eliminó los límites a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales a nivel nacional (que estaban fijados por la ley 26.522) habilitando niveles de concentración mediática que son incompatibles con los estándares de libertad de expresión de la CIDH».
También alerta que «la intención de convertir las sociedades del Estado en sociedades anónimas y de privatizar los medios estatales/públicos implicaría el cierre de los únicos medios de comunicación que cuentan con una red de emisoras con funcionamiento autónomo y corresponsalías en todas las provincias argentinas (como Radio Nacional y la Agencia Télam), la clausura de programación cultural e infantil audiovisual sin fines de lucro ni publicidad comercial (canales Encuentro y PakaPaka), entre otras afectaciones al acceso a la información y la diversidad cultural».
Y aclara que si bien el gobierno nacional suspendió el tratamiento de la llamada “Ley Ómnibus”, declaraciones de funcionarios de distintos rangos dejan entrever que persistirá en el plan de reformas para el sector, en el mismo sentido que las mencionadas.
Acto seguido, la presentación subraya tres avanzadas igualmente graves. Por un lado, que mostró su «intención de eliminar el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) establecido por la Ley 26.522,9 como un mecanismo de igualación para el sector no comercial que estuvo legalmente proscripto hasta 2005»; que representaría «una nueva discriminación para los medios sin fines de lucro, y en el actual escenario de crisis económica aguda, la imposibilidad de mantenerse en niveles mínimos de
adecuación tecnológica».
Otra es la manifiesta voluntad de eliminar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, «lo cual significaría una regresión en los derechos adquiridos por las audiencias de los medios audiovisuales»; ya que «este organismo, que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, tiene la función de proteger y promover el derecho a la comunicación», desarrollando estrategias de investigación y capacitación para promover la no discriminación, la igualdad de géneros, los derechos de niñas, niños y adolescentes y el acceso a las
personas con discapacidad en los medios.
Finalmente, incluyen como igualmente preocupante la decisión del gobierno de Javier Milei de intervenir el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENaCom). Esta decisión, afirman, «contraviene el principio de autonomía del órgano regulador de medios y telecomunicaciones recomendado por la CIDH, subordina el control, la atribución y asignación de espectro para licencias audiovisuales y de telecomunicaciones al Poder Ejecutivo y le otorga plena discrecionalidad en la distribución de fondos y fomentos».
Finalmente, menciona la presentación que a este escenario se le agrega la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días, sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística.
En ese marco, solicitan al organismo internaional que
- Manifieste al Estado argentino su preocupación por las regresiones en materia de
derechos implicadas en las reformas contenidas en la llamada «Ley Ómnibus», y
haga aportes vinculados con los estándares del SIDH en materia de libertad de
expresión así como la incompatibilidad de esas posibles modificaciones normativas
con esos estándares. - Haga constar que la vigencia del DNU 70/2023 atenta contra las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado argentino. Y en consecuencia, solicite una
revisión de la mencionada norma. - Adopte las medidas necesarias para trabajar colaborativamente con el Estado para
evitar la aprobación de normativas que buscan coartar o limitar la libertad de
expresión sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos. - Con urgencia, el Estado adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a
la libertad e integridad personal de las y los trabajadores de prensa. En particular,
solicitamos a la CIDH que le reclame al Estado la suspensión y derogación del
Protocolo Antiprotesta, regulado por Resolución del Ministerio de Seguridad 943 y
949 de 2023. - Solicite a la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión que organice, lo antes
posible, una jornada de escucha a periodistas, fotorreporteros/as y representantes
de medios de comunicación comunitarios, sindicatos de periodistas, organizaciones
de derechos humanos y libertad de expresión y expertos académicos y que
transmita la información recibida a las y los Comisionados, como parte de los
deberes de monitoreo y alerta temprana de la CIDH.
